En 2015, el mundo fue testigo de acontecimientos que marcaron un antes y un después en diversos ámbitos, desde la ciencia hasta los derechos civiles. Ese mismo año, la Electronic Frontier Foundation (EFF) lanzó un proyecto innovador llamado «The Foilies», un informe anual que, con un toque de humor, tiene como objetivo exponer y ridiculizar las respuestas más absurdas y rocambolescas de agencias gubernamentales y funcionarios ante solicitudes de acceso a registros públicos realizadas a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA) y leyes similares.
Una década ha transcurrido desde aquel primer informe, y aunque muchas cosas han cambiado, la resistencia de las autoridades a ser transparentes persiste. A menudo estas situaciones se deben a una falta de interés o competencia, aunque no siempre de forma intencionada. La EFF, junto con MuckRock, ha sido fundamental en documentar estas fallas y las ha denunciado a través de colaboraciones con AAN Publishers y plataformas informativas independientes, especialmente durante la «Sunshine Week», una semana dedicada a la concienciación sobre la importancia del acceso a la información pública en una democracia.
El décimo aniversario de «The Foilies» destaca algunos de los casos más impactantes de la última década. Uno de los episodios más sorprendentes sucedió en 2016, cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos impuso una desorbitada estimación de costos de 660 millones de dólares y 15 millones de horas laborales para atender una solicitud específica. Este elevado costo se justificó con la ausencia de un sistema de búsqueda adecuado, lo cual habría forzado al personal a revisar manualmente 30 millones de contratos.
En Seattle, un ciudadano tuvo que enfrentarse a una demanda inicial de 33 millones de dólares para obtener metadatos de correos electrónicos, aunque esta tarifa fue posteriormente reajustada a 40 dólares. Otra situación insólita ocurrió en el distrito escolar de Rochester, Michigan, donde un padre se encontró con una solicitud de 18,6 millones de dólares para acceder a documentos relacionados con el plan de aprendizaje remoto de la escuela.
Más allá de los costos desmesurados, algunos eventos han sobrepasado lo absurdo, como el caso de un periodista en White Castle, Luisiana, que fue detenido por intentar conseguir información sobre el salario del alcalde, quien además procuró que el periodista fuese juzgado en un tribunal presidido por él mismo.
El FBI ha sido también foco de críticas, acumulando múltiples reconocimientos de los «Foilies» por su lentitud en procesar las solicitudes de información y por las medidas de vigilancia dirigidas hacia aquellos que buscan transparencia. Un ejemplo adicional es el del departamento de policía de Chicago, que ha mostrado una continua resistencia a responder solicitudes de registros FOIA, incluso en situaciones vinculadas a violaciones de derechos civiles, amparándose en justificaciones relativas a la pandemia de COVID-19 según lo expresado por la exalcaldesa Lori Lightfoot.
Mientras se avanza en una nueva década, permanece la incertidumbre sobre si estas tendencias de opacidad continuarán o si se realizarán cambios significativos en la gestión de solicitudes de información pública por parte de las agencias gubernamentales. La EFF y sus aliados seguirán jugando un papel crucial en la vigilancia y denuncia de estas prácticas, con la esperanza de que el acceso a la información deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho plenamente respetado y protegido.
