El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido levantar la suspensión que impedía la deportación de migrantes venezolanos, sustentándose en una arcaica ley de guerra de 1798. Esta controvertida decisión fue avalada por los votos de cinco de los jueces conservadores del tribunal, imponiéndose sobre los votos disidentes de las cuatro juezas, entre ellas tres progresistas y una conservadora. La resolución permite que el gobierno, en su aplicación, disponga de un tiempo razonable para que los migrantes impugnen su deportación ante los tribunales, aunque establece que estos recursos legales deben ser presentados en Texas en lugar de Washington. La acción del Supremo responde a una apelación de emergencia realizada por la Administración Trump, luego de que un tribunal de apelaciones de Washington mantuviera temporalmente prohibida esta práctica relacionada con acusaciones no comprobadas de pertenencia a grupos criminales.
Las juezas del Supremo, en su voto particular, manifestaron su preocupación por el uso indebido de la Ley de Enemigos Extranjeros, histórica legislación que solo fue invocada en conflictos armados significativos como la Guerra de 1812 y las dos Guerras Mundiales. La Administración Trump la ha aplicado para justificar medidas contra el Tren de Aragua, grupo criminal venezolano, argumentando una ‘invasión’ que no cumple con los preceptos de conflicto internacional que originalmente motivaron la ley. Las juezas resaltaron que no hay una guerra ni una amenaza real entre Estados Unidos y Venezuela, lo que subraya la ilegalidad de las deportaciones bajo esta normativa. La decisión del Supremo, aunque temporal, pone de manifiesto divisiones internas y refuerza las tensiones sobre el manejo de la política migratoria del país.
Leer noticia completa en El Pais.
