La desaparición de Antonio González Méndez, ocurrida el 19 de enero de 1999 en Chiapas, trae a colación las heridas abiertas de un pasado conflictivo en la región, marcada por el enfrentamiento entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Estado mexicano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha sentenciado que el Estado mexicano es responsable de la desaparición forzada de González, un indígena chol y miembro activo del EZLN. En un fallo contundente, la Corte ha responsabilizado al gobierno de México por violaciones a múltiples derechos, incluyendo el derecho a la verdad y la protección judicial. Durante la época en que desapareció González, Chiapas vivía un periodo de alta tensión, con conflictos derivados de las demandas de los zapatistas, quienes buscaban reivindicaciones indígenas y autonomía territorial. En respuesta, el gobierno mexicano desplegó no solo fuerzas militares, sino que también financió grupos paramilitares como «Paz y Justicia», que fueron responsables de numerosas violaciones de derechos humanos.
El caso de González Méndez es emblemático porque, tras más de dos décadas, aún permanece en la impunidad, mostrando la lentitud y las falencias del sistema judicial mexicano en situaciones de derechos humanos de alto perfil. La CoIDH ha ordenado al Estado mexicano continuar la búsqueda de González y avanzar en la investigación, además de ofrecer apoyo psicológico y médico a su familia, y brindarles oportunidades educativas. Esta decisión recalca la repercusión no solo individual, sino colectiva, ya que afecta a toda una comunidad que busca justicia y verdad sobre las violaciones ocurridas. El reconocimiento parcial del Estado mexicano de su responsabilidad, sin embargo, no ha satisfecho al tribunal, que exige acciones más concretas para reparar los daños sufridos por la familia de Antonio González. La sentencia también subraya los desafíos pendientes del Estado en relación con el cumplimiento de anteriores resoluciones, destacando la presión internacional y la necesidad de revisar mecanismos judiciales para evitar futuros abusos.
Leer noticia completa en El Pais.
