En un movimiento que ha atrapado la atención de críticos y defensores por igual, el Senado de Estados Unidos ha introducido una revisión sustancial del Kids Online Safety Act (KOSA) a finales de la semana pasada. Este proyecto de ley, modificado tras consultas con Linda Yaccarino, CEO de X, apunta a abordar las crecientes preocupaciones sobre la seguridad en línea de los menores. Sin embargo, las críticas actuales sugieren que la legislación podría atravesar la línea hacia una censura inconstitucional, poniendo en jaque tanto la libertad de expresión como la privacidad en el ámbito digital.
Los defensores del proyecto declaran que el nuevo texto intenta reducir las amenazas a la libertad de expresión, pero la persistencia de su polémica sección de «deber de cuidado» ha avivado el debate. Esta sección impone obligaciones a diversos servicios en línea para ajustar sus políticas en función del contenido, una propuesta que muchos ven como un camino indirecto hacia la regulación del discurso. Las críticas señalan que temas como los trastornos alimentarios y el comportamiento suicida, mencionados en el proyecto, no derivan solamente del diseño estructural de las plataformas, subrayando una confusión de fondo en las intenciones del Senado.
A esta confusión se suma una comprensión limitada de los autores respecto a la delgada línea que separa a las plataformas de responsabilidad legal de los derechos de las expresiones individuales. Los defensores de los derechos digitales advierten que, de aprobarse, KOSA podría en realidad aumentar los riesgos a los que los menores se exponen en línea, al restringir su acceso a valiosos recursos sobre temas como la adicción y el acoso escolar. Al imponer verificaciones de edad y otras restricciones, se podría limitar el acceso de los jóvenes a comunidades de apoyo esenciales.
El intento de la nueva versión por mitigar las críticas sólo ha añadido una cláusula que parece más un gesto simbólico, aclarando que el «deber de cuidado» no debería autorizar restricciones basadas en la opinión personal de los usuarios. No obstante, no elimina la presión sobre las plataformas para limitar el acceso de los menores a contenidos potencialmente controvertidos pero perfectamente legales.
El término «uso compulsivo», introducido recientemente como parte de la modificación, carece de una definición clínica uniforme que se aplique al entorno digital, añadiendo una capa más de ambigüedad al ya confuso lenguaje del proyecto de ley. Esta indefinición puede abrir la puerta a interpretaciones amplias y censuras potenciales de contenido que, de otro modo, sería considerado útil y completamente legal.
Con Andrew Ferguson al mando de la Comisión Federal de Comercio (FTC), conocido por su postura a favor de la protección de la libre expresión, KOSA podría entrar en conflicto directo con principios constitucionales fundamentales si se implementa tal como está actualmente redactado. Existe un temor palpable de que la ley facilite la censura, forzando a plataformas a retirar contenidos simplemente para evitar posibles intervenciones del gobierno.
A medida que se acerca el debate legislativo crucial, crecen los llamados a los legisladores para que eviten integrar esta controvertida legislación en debates inminentes sobre financiamiento. Existe un consenso emergente entre los críticos de que la censura potencial de información veraz y valiosa no debería formar parte del discurso sobre la protección de los menores en línea. El futuro de la ley, por ahora, pende de un hilo, mientras activistas y legisladores continúan deliberando sobre los pasos a seguir para garantizar un equilibrio entre seguridad y libertad en el espacio digital.
