El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se presentó este miércoles en el Tribunal Supremo para prestar declaración como investigado por un presunto delito de revelación de secretos. La llegada de García Ortiz, que tuvo lugar a las 9:45 de la mañana, fue recibida con expectación por numerosos medios de comunicación; sin embargo, el fiscal optó por no hacer declaraciones ni a su llegada ni se espera que las haga al salir. Con el inicio de su comparecencia a las 10:00 en punto, se da un paso significativo en un caso que marca un hito en la historia reciente, ya que es la primera vez en la etapa democrática actual que un fiscal general es interrogado en calidad de imputado por el Supremo. El contexto detrás de esta declaración tiene como base la desestimación, un día antes, de un recurso presentado por una asociación de fiscales que buscaba anular su nombramiento.
El magistrado del caso, Ángel Hurtado, busca aclarar la posible implicación de García Ortiz en la filtración de un correo electrónico clave, enviado por el abogado del investigado Alberto González Amador, quien es pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este correo, fechado el 2 de febrero de 2024, admitía la comisión de dos delitos fiscales por parte del cliente y proponía un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel. Aunque la Guardia Civil no ha encontrado evidencia directa que vincule a García Ortiz con la divulgación del contenido, el juez considera que hay indicios suficientes para sospechar de una concertación con otros dos fiscales investigados, Pilar Rodríguez y Diego Villafañe, quienes también deberán declarar. La audiencia cuenta con la presencia de representantes de todas las partes implicadas, incluidas varias asociaciones como Manos Limpias y el Colegio de Abogados de Madrid, que actúan como acusaciones populares.
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