Una Propuesta de Ratios Reales para Vivir y Trabajar con Dignidad en las Residencias Madrileñas
En un contundente estudio presentado el pasado 8 de julio en una rueda de prensa, UGT Madrid, junto con la Secretaría de Dependencia e Intervención Social de UGT SP Madrid, CCOO de Madrid y PLADIGMARE, en colaboración con la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) han revelado una grave carencia de personal en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid. El informe titulado "Una Propuesta de Ratios Reales para Vivir y Trabajar con Dignidad" arroja luz sobre una situación crítica que amenaza tanto a los residentes como a los trabajadores del sector.
Según el informe, la falta de personal es un problema endémico en las residencias madrileñas, lo que coloca en riesgo la integridad de los mayores y dependientes, así como la de los profesionales encargados de su cuidado. De las 55.308 plazas disponibles para personas dependientes en la región, solo 6.430 son públicas, 13.693 de gestión privada con financiación pública, y el resto son privadas.
La falta de transparencia por parte de la Comunidad de Madrid ha dificultado obtener el número exacto de trabajadores en activo, pero el estudio indica claramente que el personal disponible es absolutamente insuficiente para garantizar una atención de calidad y dignidad mínimas. Esta insuficiencia genera una sobrecarga de trabajo excesiva que conduce a situaciones tan inadmisibles como úlceras por presión, infecciones de orina, deshidratación, desnutrición y el uso indebido de sujeciones mecánicas.
El personal auxiliar de enfermería y las gerocultoras son algunos de los colectivos con mayor tasa de siniestralidad laboral en España. Las organizaciones que redactaron el documento aseguran que la alta siniestralidad laboral en la región está directamente relacionada con la insuficiencia de personal adecuado para atender a los mayores y dependientes.
Además de la falta de personal, el informe denuncia que el 88,38% de las residencias en la Comunidad de Madrid son gestionadas por empresas privadas, dejando solo el 11,62% en manos de las Administraciones Públicas. Esta privatización generalizada del sector contribuye a empeorar la calidad del servicio, ya que los ratios de personal son menores y los salarios más bajos en comparación con las residencias gestionadas públicamente.
El estudio también señala otras medidas necesarias para mejorar la situación, como garantizar que al menos el 80% de los empleos sean indefinidos y a jornada completa, con un mínimo del 66% de la jornada ordinaria para las jornadas parciales. También se requiere una formación permanente y adecuada para todas las categorías, inspecciones sin preaviso y sanciones ejemplares que sean públicas. Asimismo, se aboga por una coordinación sociosanitaria con el sistema de salud y una mayor calidad en los menús, que deben ser elaborados en los centros para garantizar una dieta sana, equilibrada y adecuada a las prescripciones médicas específicas.
Los detalles completos del estudio y sus propuestas están disponibles para su consulta. Las organizaciones autoras exigen que se corrija urgentemente la situación para asegurar un entorno laboral y de vida digno para todos los implicados.
Fuente: UGT Madrid
