El 1 de enero de 2025 marca un punto de inflexión en la relación energética entre la Unión Europea y Rusia tras el cese del flujo de gas ruso a través de Ucrania. Durante casi tres años desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el gas ruso siguió fluyendo a la UE a pesar de los conflictos bélicos, debido a un acuerdo firmado a finales de 2019. Sin embargo, el gobierno ucraniano de Volodimir Zelenski decidió no renovar el contrato con Gazprom, culminando con la interrupción total del suministro por este corredor. Este cierre impacta principalmente a países del centro y este de Europa, como Austria, Hungría y Eslovaquia, que dependían en cierta medida del gas que transitaba por Ucrania. Aunque la UE se ha preparado de cierta manera para vivir sin el gas ruso, la desaparición del gasoducto Ucrania Transit afecta el mercado energético, con Hungría y Eslovaquia experimentando tensiones políticas ante su dependencia del gas ruso.
Por otro lado, economías como la ucraniana afrontan retos significativos debido a la pérdida de ingresos por el tránsito de gas, equivalente a unos 800 millones de dólares anuales, y al incremento de los costos de transporte del gas. Las empresas ucranianas enfrentan un incremento de los costos en su actividad económica, lo que añade presión a un país azotado por la guerra. Además, la interrupción del gas aumenta la vulnerabilidad de las infraestructuras energéticas ucranianas a nuevos ataques rusos. Simultáneamente, la UE ha visto un aumento en las compras de gas natural licuado ruso, lo que ha permitido a Rusia compensar en parte sus ingresos perdidos por el cese de suministros terrestres. Este giro en la dinámica energética subraya la complejidad de las relaciones entre Europa y Rusia, con implicaciones políticas y económicas que siguen evolucionando.
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