La oposición ha manifestado su preocupación ante la reciente oleada de procesos judiciales, afirmando que estos están motivados por razones políticas. Líderes opositores denuncian que el gobierno está utilizando el sistema judicial como una herramienta para silenciar y reprimir voces críticas. Según aseguran, estas acciones buscan debilitar a la oposición y consolidar el poder del partido gobernante, afectando directamente la transparencia y el juego democrático. Las acusaciones se presentan en un contexto de creciente polarización política, lo que aumenta las tensiones en el país y despierta alertas sobre el estado de derecho y el respeto a las libertades básicas.
Por su parte, representantes del gobierno rechazan estas acusaciones, afirmando que los procesos responden estrictamente a procedimientos legales. Argumentan que no existen motivaciones ocultas y que las acciones judiciales se llevan a cabo en respuesta a conductas que infringen la ley. Las autoridades insisten en que la justicia opera de manera independiente y que corresponde a los tribunales determinar la culpabilidad o inocencia de los implicados. En este tenso clima político, organismos internacionales han llamado a ambas partes a fomentar el diálogo y garantizar que los principios democráticos se mantengan intactos, instando a una revisión imparcial de las causas para evitar un deterioro mayor en las instituciones del país.
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