El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Elon Musk, han lanzado una controvertida iniciativa de despidos masivos en el sector público federal. La medida ha iniciado con la oferta de bajas incentivadas a unos 75,000 empleados, una cifra que está por debajo de los objetivos de reducción planteados. En respuesta, la Oficina de Administración de Personal ha empezado a ejecutar despidos entre aquellos trabajadores que se encuentran en periodo de prueba o no tienen consolidada su posición como funcionarios, una acción que podría afectar a más de 200,000 individuos de una fuerza laboral de 2.4 millones. Sin embargo, el plan ha sido criticado por sindicatos y figuras políticas, entre ellos Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados de la Administración, quien acusa a la administración de Trump de abusar del periodo de prueba para realizar despidos motivados por razones políticas.
Los despidos, que han sido notificados de manera fría y repentina a través de videos pregrabados y comunicaciones grupales, han prendido las alarmas en diversos sectores, incluyendo organismos críticos como el Departamento de Asuntos de los Veteranos. La senadora Patty Murray y organizaciones como Partnership for Public Service han expresado su preocupación sobre el impacto de estos despidos en áreas vitales como la inteligencia artificial y la ciberseguridad, advirtiendo de las consecuencias a largo plazo para el país. Simultáneamente, Elon Musk ha abogado por la eliminación de agencias completas, en congruencia con el decreto firmado por Trump que limita nuevas contrataciones y obliga a las agencias a justificar su existencia. Este movimiento, que aspira a recortar significativamente el tamaño del gobierno, trae consigo tensiones sobre el futuro de la diversidad, equidad e inclusión en la administración federal.
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