La Administración Trump ha revertido una medida controvertida en su política antiinmigración al optar por continuar con el programa de representación legal para menores indocumentados que cruzan solos la frontera, apenas tres días después de haber anunciado su fin. Este cambio de postura fue recibido con alivio por organizaciones como el Centro para la Justicia Acacia, cuyo programa de defensa legal para niños no acompañados había sido interrumpido por una orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que suspendía los fondos necesarios para su funcionamiento. Dichos fondos, que alcanzaban los 200 millones de dólares, facilitan abogados y servicios de interpretación para garantizar el debido proceso a unos 26,000 menores bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. La interrupción temporal del programa generó indignación entre defensores de los derechos de los menores, quienes organizaron una campaña que resultó en el envío de más de 15,000 cartas al Congreso solicitando la reinstauración de los servicios.
La situación de estos menores es particularmente delicada, dado que a menudo han huido de situaciones de violencia, persecución o trata en sus países de origen, y enfrentan la complejidad de un sistema legal sin el acompañamiento y la orientación adecuados. La decisión del Gobierno de restablecer el programa de representación legal fue comunicada el viernes vía correo electrónico, anulando la orden previa sin ofrecer mayores explicaciones. Al mismo tiempo, el gobierno ha introducido nuevas regulaciones que requieren la toma de huellas digitales y otra información a todos los adultos en las casas de acogida de los menores, lo cual podría desanimar a familiares indocumentados a asumir su cuidado. La directora ejecutiva de Acacia, Shaina Aber, confirmó el compromiso de su organización para continuar ofreciendo estos servicios esenciales y subrayó la importancia de garantizar que ningún niño deba enfrentar el sistema de inmigración por su cuenta.
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