El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su ofensiva contra el régimen venezolano mediante la cancelación de permisos a empresas petroleras como Repsol, Global Oil Terminals, Eni, Maurel&Prom y Reliance Industries, que mantenían operaciones con la estatal venezolana PDVSA. Este movimiento se enmarca en un esfuerzo por aislar económicamente a Venezuela, junto con el anuncio de aranceles del 25% para países que importen petróleo y gas venezolanos. Las empresas afectadas, que han tenido que paralizar o liquidar sus operaciones, tienen como fecha límite finales de mayo para cerrar sus actividades en el país. Repsol, con una significativa exposición patrimonial en Venezuela, ya había firmado un acuerdo en 2023 con PDVSA para operar sin comprometer nuevas inversiones, pero ahora se enfrenta a una mayor incertidumbre bajo la política dura de Trump hacia el país sudamericano.
La revocación de licencias también afecta a empresas estadounidenses como Chevron, que debe desmantelar sus operaciones en Venezuela. La decisión de la administración Trump busca cortar las fuentes de financiación del régimen bolivariano, un cambio drástico frente a la postura más flexible de Joe Biden, quien permitía ciertas operaciones bajo sanciones. Este ajuste se produce mientras la producción petrolera venezolana experimentó un ligero aumento, con 910.000 barriles diarios en febrero, frente a los 867.000 de enero, destacando la complejidad y las vicisitudes constantes del panorama energético y geopolítico en la región. Las compañías afectadas siguen adaptándose en medio del alto nivel de incertidumbre, ajustándose a la normativa internacional y a las políticas estadounidenses en un entorno cada vez más tenso y restrictivo.
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