La administración de Donald Trump ha intensificado su ofensiva contra los inmigrantes indocumentados, esta vez apuntando a los abogados de migración. El Gobierno ha cancelado los contratos con cientos de organizaciones encargadas de proporcionar asesoramiento legal a menores no acompañados, dejando a aproximadamente 26.000 niños en un limbo legal. Los abogados que persistan en litigar estos casos enfrentan amenazas legales del Gobierno, lo que podría aumentar el riesgo de deportación para estos menores, muchos de los cuales no tienen la capacidad de defenderse por sí mismos. Esta acción marca un cambio significativo en la política migratoria, interrumpiendo una tradición de 20 años de apoyo legal a niños vulnerables, establecida como parte de un esfuerzo bipartidista en 2005 para protegerlos de afrontar solos el complejo sistema judicial estadounidense.
Como respuesta a la cancelación de contratos, la Casa Blanca envió un memorando sugiriendo que muchos abogados y organizaciones abusan del sistema judicial, acusándolos de comportamiento poco ético. La administración considera que estos profesionales extienden innecesariamente los procesos legales para obtener más recursos financieros, calificando su trabajo como «frívolo» y «vejatorio» contra Estados Unidos. El memorando instruye al fiscal general, Pam Bondi, a investigar la conducta de los abogados que han demandado al Gobierno en los últimos ocho años. Estas acciones han generado alarma y resistencia en el colectivo de defensores de inmigración, quienes consideran las medidas como un intento de intimidación. Organizaciones como el Centro de Defensa Legal de Inmigrantes están preparando una demanda para enfrentar esta ofensiva, afirmando su determinación de seguir defendiendo a los más vulnerables de la sociedad frente a lo que describen como un ataque sin precedentes desde el Ejecutivo.
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