El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido aplicar la controvertida ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la deportación de inmigrantes indocumentados, dando inicio a una serie de acciones que han generado críticas a nivel nacional e internacional. Esta normativa, que concede al presidente poderes extraordinariamente amplios para la expulsión de individuos, ha sido invocada anteriormente durante conflictos como la Primera y Segunda Guerra Mundial para justificar la detención y deportación de inmigrantes de países con los que Estados Unidos estaba en conflicto. En esta ocasión, la nueva aplicación tiene como objetivo principal a migrantes considerados simpatizantes del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, catalogado por el gobierno estadounidense como «grupo terrorista». Amnistía Internacional ha condenado la medida, calificándola de «increíblemente cruel» y apuntando que es una maniobra para fortalecer la «agenda xenófoba» del mandatario.
La respuesta judicial no se ha hecho esperar. El magistrado James E. Boasberg ha aceptado una demanda preventiva presentada por organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y ha emitido una orden de restricción temporal que impide la deportación de cinco venezolanos bajo dicha ley durante 14 días. Este fallo se aplica exclusivamente a las personas que presentaron la demanda, pero se espera una audiencia adicional que podría ampliar la aplicación de la restricción. Por su parte, Amy Fisher, de Amnistía Internacional, ha señalado que la ley abre la puerta a mayores violaciones de derechos humanos, como el derecho a la no discriminación y al debido proceso, recalcando su obsolescencia y sugiriendo que debería ser eliminada de la sociedad moderna. Este desarrollo ha causado un revuelo en el ámbito judicial y de derechos humanos, mientras impone nuevas tensiones en la política migratoria de Estados Unidos.
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