El gobierno ha anunciado que «acepta una petición de prórroga» en las negociaciones comerciales, lo cual, según fuentes, realmente implica un regreso al calendario inicial, estableciendo el 9 de julio como fecha límite para lograr un acuerdo. Esta decisión surge en medio de crecientes tensiones entre las partes involucradas, que buscan resolver diferencias clave en temas de tarifas y regulación. A pesar de la retórica de flexibilidad, los analistas sugieren que el tiempo para llegar a un consenso efectivo es reducido, aumentando el nerviosismo en los mercados.
Las negociaciones han estado marcadas por desacuerdos persistentes que amenazan con entorpecer potenciales avances. Mientras algunas fuentes del gobierno insisten en que se están haciendo esfuerzos significativos para lograr un compromiso favorable, sectores críticos argumentan que el panorama actual refleja una falta de progreso. Con la fecha fijada, las partes enfrentan presión para intensificar el diálogo y evitar posibles repercusiones económicas que podrían surgir si no se logra un acuerdo a tiempo.
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