Estados Unidos enfrenta dificultades para deportar a migrantes provenientes de países como Afganistán, Irán y Rusia. En un intento por mitigar este problema, Costa Rica y Panamá han acordado actuar como territorios «puente» para facilitar las deportaciones. Hasta ahora, Panamá ha recibido tres vuelos con migrantes deportados, mientras que Costa Rica recibió su primer grupo este jueves. La situación jurídica y las condiciones de los migrantes en los refugios temporales han suscitado preocupaciones por parte de organizaciones de derechos humanos. Fotografías publicadas recientemente muestran a familias solicitando ayuda desde hoteles donde están retenidos, lo que ha generado una respuesta crítica de la comunidad internacional.
A pesar de las garantías del gobierno panameño sobre el trato humanitario proporcionado a los migrantes, abogados y defensores de derechos humanos han denunciado la falta de acceso a representación legal y documentos de identidad para los deportados. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, insiste en que los migrantes no están detenidos, aunque se encuentran confinados en hoteles bajo vigilancia policial. El gobierno de Panamá ha comprometido a los migrantes a 30 días de estancia en refugios temporales, tiempo en el que esperan resolver su situación legal. Sin embargo, organizaciones internacionales están trabajando paralelamente para encontrar soluciones para aquellos que temen regresar a sus países de origen. Mientras tanto, la política panameña se ve influenciada por las presiones de Estados Unidos, especialmente en el contexto de las relaciones bilaterales y el control del Canal de Panamá.
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