En enero de 2025, Donald Trump volvió al poder en Estados Unidos y su administración ha optado por desmantelar numerosas políticas de lucha contra el cambio climático implementadas por gobiernos democráticos anteriores. Según el Centro Sabin de Políticas de Derecho sobre Cambio Climático de la Universidad de Columbia, se han revertido ya 315 medidas, incluidas las que establecían límites a los gases de efecto invernadero por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Esto refleja un claro retroceso en el compromiso del país para reducir las emisiones que contribuyen al calentamiento global, aumentando a su vez el impulso del sector de los combustibles fósiles, altamente vinculado financieramente con Trump. Chris Wright, Secretario de Energía, con antecedentes en la industria del fracking, es representativo del fuerte vínculo de su administración con estas industrias.
Simultáneamente, se ha dado un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, impulsado en gran parte por un incremento en el uso del carbón. Pese a ello, la energía solar también ha experimentado un significativo crecimiento, cubriendo gran parte del aumento de la demanda energética. A nivel global, la tendencia favorece un viraje hacia las energías renovables, lideradas por China tanto en producción como en tecnología, dejando a Estados Unidos en una posición controvertida en cuanto a la adopción de políticas energéticas sostenibles. Dentro del país, el gobierno de Trump enfrenta resistencia, con liderazgos demócratas como Gavin Newsom y figuras como John Kerry, quienes critican la actual postura gubernamental y llevan la batalla a los tribunales en defensa de lo que consideran acciones esenciales contra la crisis climática. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención las repercusiones tanto económicas como ambientales que estas medidas puedan generar y si finalmente las metas climáticas globales verán un impacto significativo.
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