La gobernadora del banco central, designada por el presidente Joe Biden y destacada por ser la primera afroamericana en ocupar este cargo, enfrenta serias acusaciones de fraude hipotecario. A pesar de la presión pública y la creciente controversia, ha declarado firmemente su intención de no renunciar. Las acusaciones giran en torno a presuntas irregularidades en transacciones hipotecarias que habrían beneficiado a individuos cercanos a su entorno personal. Este escándalo ha desatado un intenso debate sobre la integridad y la responsabilidad en el ámbito financiero, además de poner en jaque la confianza del público en las instituciones gubernamentales.
En un comunicado reciente, la gobernadora manifestó que las acusaciones carecen de fundamento y que se convierten en una distracción de su labor principal, que es fortalecer la economía del país. Al mismo tiempo, la Casa Blanca ha mostrado su respaldo parcial, instando a una investigación exhaustiva antes de sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, la presión de varios sectores políticos y económicos por su renuncia persiste, argumentando que su permanencia en el cargo podría perjudicar la estabilidad del sistema financiero y la imagen de imparcialidad e integridad del banco central.
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