El Congreso ha decidido cerrar su actividad hasta septiembre, eludiendo así las discusiones y posibles votaciones relacionadas con la desclasificación de documentos vinculados al caso del millonario pederasta y su conexión con el presidente. La decisión se toma en un clima de creciente presión pública y controversia sobre la transparencia y el acceso a información que podría esclarecer la profundidad de estas conexiones. Las especulaciones sobre posibles implicaciones políticas están en aumento, con la oposición y diversos grupos de derechos humanos demandando claridad inmediata.
Mientras tanto, el aplazamiento ha generado críticas significativas por parte de la opinión pública y sectores políticos que consideran esencial abordar el asunto sin más dilaciones para recuperar la confianza en las instituciones. Los defensores de la retrasada desclasificación argumentan que este tiempo podría ser utilizado para garantizar un manejo cuidadoso y completo de la información, aunque persisten las sospechas de que la medida es un intento para amortiguar el impacto político potencial del caso. El Congreso enfrentará en septiembre una creciente expectativa por parte del público para abordar el tema de manera transparente y sin restricciones.
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