El expresidente Donald Trump causó revuelo al usar su red social, Truth, para exigir acciones judiciales inmediatas e interferir en el trabajo de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, instando a perseguir a sus rivales políticos. Este acto culminó una semana repleta de controversias, con amenazas a medios críticos, alucinaciones sobre ataques extrajudiciales en el Caribe y demandas legales contra prominentes medios de comunicación. Además, Trump insiste en declarar terroristas a grupos antifascistas. En un discurso claramente despectivo, acusó a Bondi de inacción y demandó medidas contra figuras como James Comey y el senador Adam Schiff, generando comparaciones con la histórica controversia del Watergate debido a esta inusual presión sobre el sistema judicial.
La renuncia del fiscal federal Erik Siebert, que investigaba acusaciones de fraude y no halló pruebas, sumó un nuevo capítulo a esta saga. Siebert, según Trump, fue destituido, aunque se reportó que renunció voluntariamente debido a las presiones. Lindsey Halligan, sin experiencia fiscal, fue nombrada en su lugar, destacándose por su lealtad al expresidente. Trump, tras haber enfrentado múltiples procesos judiciales, sostiene ser víctima de una persecución política que busca desacreditarlo. En medio de este tumulto, su condena por fraude contra Letitia James fue revocada, aunque limitó temporalmente las operaciones de su familia. La situación reaviva el debate sobre el alcance y las consecuencias de la politización del sistema judicial estadounidense.
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