El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emitido un recordatorio a sus empleados subrayando la obligación de cumplir con las órdenes relacionadas con la inmigración, especialmente ante el plan del presidente Donald Trump de ejecutar la mayor deportación masiva de la historia del país. Esta comunicación advierte que obstruir o no cooperar con estas medidas podría ser considerado un crimen, y explica que fiscales y empleados del Departamento investigarán a quienes se opongan. La carta, publicada por el Washington Post, detalla que acciones como omitir información sobre el estatus migratorio de una persona o encubrir a un inmigrante ilegal serán procesadas con severidad. Paralelamente, el gobierno ha cesado los programas de diversidad, equidad e inclusión, despidiendo o reubicando a sus trabajadores, en un movimiento que parece buscar desmantelar la agenda de igualdad del anterior gobierno de Joe Biden.
En otro frente, Elon Musk ha sido designado para dirigir el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, impulsado por Trump para reducir el gasto público. Aunque la iniciativa integra a Musk en las operaciones del Estado, su relación con la administración es incierta debido a continuos desacuerdos y críticas públicas hacia los programas de infraestructura de inteligencia artificial de Trump, financiados por gigantes tecnológicos como Softbank y Oracle. Musk prevé recortar 500.000 millones de dólares anuales en gasto público, una propuesta que ya ha generado tensiones con Vivek Ramaswamy, quien originalmente iba a colaborar en el proyecto pero se ha retirado para postularse como gobernador de Ohio. La polémica en torno a estas decisiones subraya el enfoque confrontacional de la nueva administración y el clima de controversia que marca los primeros días de la presidencia de Trump.
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