Un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington ha dado luz verde a una polémica orden ejecutiva del ex presidente Donald Trump, que afecta los derechos de negociación colectiva de los empleados federales. La orden, presentada inicialmente en marzo con argumentos de seguridad nacional, busca eliminar la protección sindical para cientos de miles de trabajadores federales. Aunque la Junta está dividida, con dos jueces republicanos apoyando la medida y una jueza demócrata oponiéndose, la decisión permite continuar con los esfuerzos de la Administración para limitar la influencia de los sindicatos, a la espera de un desenlace legal definitivo. Mientras tanto, la Oficina de Gestión de Personal (OPM) ha pedido que no se tomen medidas contra los sindicatos durante el litigio, aunque algunos organismos ya han comenzado a ignorar contratos sindicales y a suspender procedimientos clave.
La orden de Trump se ampara en una cláusula de la Ley de Reforma de la Función Pública de 1978, que históricamente se ha utilizado de manera restringida. Sin embargo, la Administración busca ampliarla para eliminar protecciones en agencias como el IRS, EPA y HHS, argumentando su conexión con la seguridad nacional. Esto ha generado preocupaciones entre los sindicatos, que ven la medida como un intento de restar poder y facilitar despidos masivos. Aunque el litigio sigue en curso, la jueza J. Michelle Childs argumentó que mantener la negociación colectiva no afectaría la seguridad nacional, destacando el extenso uso histórico de esta práctica sin problemas. Esta situación refleja un historial de políticas antiobreras por parte de Trump, que ha priorizado intereses corporativos a expensas de los derechos laborales y está exacerbando la tensión entre los sindicatos y el gobierno.
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