La administración Trump ha revelado su nuevo y controvertido Plan de Acción de Inteligencia Artificial, trazando un camino que prioriza la supremacía tecnológica de Estados Unidos sobre las regulaciones éticas y medioambientales. En un documento de 20 páginas, se detalla una estrategia que busca eliminar las barreras regulatorias para garantizar el liderazgo global de la inteligencia artificial, provocando una clara línea divisoria entre aliados y competidores.
Durante la cumbre “Winning the AI Race”, el presidente Trump declaró que el país liderará el desarrollo de la IA sin reparo en los costos energéticos, sugiriendo incluso la duplicación de la producción eléctrica nacional como parte de esta polémica estrategia.
El plan se centra en tres ejes: la desregulación completa para acelerar el desarrollo de la IA, la expansión de infraestructuras esenciales como centros de datos y plantas de generación de energía, y la promoción de la tecnología estadounidense como estándar internacional. Según el documento, cualquier reglamento que obstaculice la expansión de la IA debe ser eliminado, incluidas las consideraciones de diversidad y equidad, consideradas como «sesgos ideológicos».
En términos de infraestructura, la administración propone reducir los tiempos para construir instalaciones críticas, ampliando sin restricciones la red eléctrica para satisfacer la creciente demanda de energía que requieren los modelos avanzados de IA, a pesar de los potenciales riesgos medioambientales.
Además, el plan promueve la estandarización global de la tecnología estadounidense, una estrategia apoyada por líderes de la industria como el CEO de NVIDIA, buscando consolidar a Estados Unidos como el eje central de la infraestructura digital mundial.
Un punto crítico del plan es la falta de consideraciones sobre los derechos fundamentales y la protección contra el mal uso de la IA. Se rechazan las nociones de justicia algorítmica y diversidad, mientras que en el ámbito de la propiedad intelectual, se plantea que la IA no debe compensar el uso de material protegido por copyright.
El poder regulatorio sobre la IA se centralizaría en el gobierno federal, limitando así la capacidad de los estados de imponer sus propias restricciones. El documento también impulsa el uso de la IA en el gobierno, especialmente en aplicaciones militares y de seguridad nacional.
Este enfoque podría reconfigurar el panorama laboral y legal, pues se anticipa una transformación del mercado laboral sin propuestas claras para proteger a los trabajadores más vulnerables. Se promueve una “recapacitación acelerada” sin abordar las implicaciones de la automatización ni ofrecer mecanismos de compensación.
En el terreno internacional, el plan presiona a Europa, China y otras naciones a decidir si seguir este enfoque o desarrollar modelos alternativos que busquen equilibrar innovación con responsabilidad ética y sostenibilidad. Lo cierto es que el futuro del liderazgo tecnológico y los valores democráticos están en juego en esta nueva carrera global por la supremacía en inteligencia artificial.
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