El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido imponer aranceles a Colombia en respuesta a la negativa del presidente colombiano, Gustavo Petro, de permitir el aterrizaje de vuelos de repatriación de migrantes indocumentados. Los aranceles, que comenzarán con un gravamen del 25% en una primera fase y aumentarán al 50% en una semana, representan la primera medida formal de este tipo desde que Trump asumió nuevamente la presidencia. Esta movida no solo afecta las exportaciones colombianas, un cuarto de las cuales se dirigen al mercado norteamericano, sino que también marca un escalamiento significativo en las tensiones bilaterales. En un rápido contragolpe, Petro ordenó aumentar los aranceles a las importaciones estadounidenses al mismo nivel, además de enfatizar la necesidad de fortalecer la producción nacional para reemplazar los productos norteamericanos.
La situación ha desencadenado una serie de sanciones adicionales por parte de Trump, incluyendo la prohibición de visados y sanciones bancarias dirigidas a oficiales y simpatizantes del gobierno de Colombia. La administración estadounidense ha también reducido las operaciones de su embajada en Bogotá, afectando a miles de colombianos que buscan visados para entrar a Estados Unidos. Mientras tanto, Petro ha tomado medidas para garantizar el retorno «digno» de los colombianos afectados y ha solicitado la intervención de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para abordar la crisis. Este enfrentamiento bilateral se desarrolla en un contexto regional de creciente preocupación por el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, evidenciada también por incidentes recientes con Brasil y México. La respuesta inicial de Petro subraya la complejidad y el impacto potencial de los cambios en la política migratoria estadounidense en toda América Latina.
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