El presidente ha anunciado la imposición de recargos que oscilan entre el 30% y el 100% para aquellas empresas que decidan no abrir fábricas en Estados Unidos. Según el mandatario, esta medida se justifica por «razones de seguridad nacional» y para combatir lo que considera una «competencia extranjera desleal». Las nuevas tarifas buscan estimular la creación de empleos domésticos y fortalecer la economía interna frente a una creciente dependencia de productos y servicios manufacturados en el extranjero.
Esta medida ha generado un intenso debate entre los sectores empresariales y económicos. Algunos analistas advierten que los recargos podrían desencadenar represalias comerciales por parte de otros países y afectar negativamente las relaciones con aliados económicos, además de potencialmente elevar los costes para los consumidores. No obstante, el gobierno sostiene que es una estrategia necesaria para asegurar la estabilidad económica y potenciar la industria nacional en un contexto global cada vez más competitivo.
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