Donald Trump se apresta a cumplir una de sus promesas de campaña más controvertidas al intentar desmantelar el Departamento de Educación de Estados Unidos. Con la firma de un decreto ejecutivo, Trump planea redistribuir las funciones del departamento entre los estados, en un intento por devolver el control educativo a los padres y satisfacer una añeja aspiración republicana. Linda McMahon, recién nombrada secretaria de Educación y figura clave en el mundo de la lucha libre profesional, ha recibido el encargo de avanzar en esta misión. Sin embargo, el cierre definitivo del Departamento de Educación requeriría la aprobación del Congreso, específicamente 60 votos en el Senado, lo cual parece improbable dado que los republicanos solo poseen 53 escaños. La drástica reestructuración anunciada por McMahon, que ya ha comenzado con la reducción de la mitad del personal del departamento, podría verse confrontada judicialmente, siguiendo el patrón de recortes ejecutados por el denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental liderado por Elon Musk.
El impacto más significativo podría recaer en el sistema de préstamos estudiantiles federales, que involucra alrededor de 1,6 billones de dólares y cuya continuidad está condicionada a las normativas federales. La potencial disolución del Departamento de Educación amenaza con dejar a miles de estudiantes e instituciones educativas en incertidumbre respecto a la gestión de sus deudas. Detrás de la polémica decisión de Trump subyace la creencia de que durante demasiado tiempo la gestión federal de educación ha estado en manos de funcionarios progresistas, acusados de imponer una agenda liberal que incluye temas de igualdad de género, racismo y derechos LGTBIQ+. A través de sus movimientos, Trump busca «devolver el poder a los padres estadounidenses» y promover una educación «proestadounidense», aunque no sin enfrentar la resistencia de activistas y legisladores que defienden la actual estructura educativa nacional.
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