La Administración de Donald Trump ha exigido que la Universidad de California pague 1.000 millones de dólares por presuntos actos antisemitas y violaciones de derechos civiles, marcando un nuevo episodio en la disputa entre la Casa Blanca y las universidades estadounidenses. La UC, un destacado sistema de educación pública con diez campus, es acusada de permitir manifestaciones con contenido antisemita. Esta medida ha sido confirmada por una fuente anónima y se suma a la suspensión de fondos federales a otras instituciones educativas de prestigio. El rector James Milliken y el gobernador de California, Gavin Newsom, han criticado duramente la decisión, calificándola de «extorsión» y prometiendo enfrentarla en los tribunales para proteger la libertad académica.
Además del impacto financiero, con la congelación de 584 millones de dólares en recursos destinados a la investigación, la Administración Trump exige cambios en las políticas internas de la UC, incluyendo la prohibición de manifestaciones que interrumpan actividades y la creación de un mecanismo de reporte al Gobierno federal. Este conflicto se suma a las tensiones previas sobre políticas progresistas en universidades, como la defensa de derechos para minorías y transgénero, enfrentadas también por el gobierno de Trump. Newsom ha asegurado que California no cederá y continuará luchando en los tribunales para garantizar que la UC siga siendo un bastión de acceso a la educación de calidad y libre expresión.
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