En un contexto de tensiones políticas en Estados Unidos, el presidente Donald Trump parece haber adoptado una estrategia pasiva similar al antiguo proverbio chino que sugiere esperar pacientemente al paso del enemigo derrotado. Esto se refleja en la reciente dimisión del fiscal especial Jack Smith, uno de los mayores críticos del mandatario, quien impulsó las acusaciones contra Trump por la gestión de documentos clasificados y su participación en el asalto al Capitolio. Con su renuncia poco antes de la investidura de Trump, y junto con el anuncio del Departamento de Justicia referente al despido de varios fiscales involucrados en las investigaciones judiciales, la administración actual parece estar cerrando un capítulo lleno de desafíos legales.
El fiscal general interino James McHenry ha procedido a despedir a más de una decena de fiscales que colaboraron con Smith, fundamentando que «ya no se podía confiar en que hicieran su trabajo». Los fiscales destituidos participaron en los casos que finalmente fueron archivados tras la reelección de Trump en noviembre de 2024, en base a la tradición de no procesar a presidentes en funciones. Entre ellos se encuentran Molly Gaston, J.P. Cooney, Anne McNamara, y Mary Dohrmann, quienes, como funcionarios federales de carrera, tendrán derecho a un proceso legal antes del cese definitivo. Esta acción ha suscitado críticas sobre la independencia judicial y ha generado un acalorado debate en la esfera política del país.
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