El Gobierno de Donald Trump ha decidido revocar una política instaurada en 2011 que prohibía a las autoridades de inmigración realizar arrestos en áreas consideradas «sensibles», tales como escuelas, hospitales, y lugares de culto. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que derogará esta normativa con el argumento de permitir que las fuerzas del orden puedan operar en estas zonas sin restricciones, confiando en el «sentido común» de los agentes al momento de realizar arrestos. La decisión ha suscitado debates sobre la seguridad y la protección de derechos, generando preocupación en comunidades de inmigrantes que temen mayor vulnerabilidad ante medidas más estrictas.
Según han comunicado desde el Departamento, la medida pretende reforzar la capacidad de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y del Servicio de Inmigración para capturar a inmigrantes indocumentados, incluyendo aquellos con antecedentes graves. Un portavoz destacó que la política asegura que «los criminales ya no podrán usar lugares sensibles como escuelas o iglesias para eludir la justicia». Esta decisión es parte de las políticas de inmigración más firmes promovidas por la Administración Trump, que pretenden dar mayor libertad de acción a los agentes de inmigración sin reducirse a restricciones previas, remarcando la prioridad del gobierno en aplicar y hacer cumplir las leyes migratorias con vigor.
Leer noticia completa de Internacional en El Independiente.
