La Asamblea Legislativa de El Salvador, respaldada por el presidente Nayib Bukele, aprobó una controvertida reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, lo que le abriría la puerta a Bukele para mantenerse en el poder de manera continuada. Esta medida ha sido recibida con críticas tanto a nivel nacional como internacional, evocando comparaciones con los regímenes autoritarios de otros países latinoamericanos. Sin embargo, la administración de Donald Trump ha expresado su apoyo a los cambios, destacando que la decisión corresponde a una Asamblea electa democráticamente. La reforma también extiende el periodo presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral, lo que ha encendido alarmas entre organizaciones de derechos humanos y defensores de la democracia.
La reacción de la comunidad internacional ha sido contundente, con advertencias sobre el posible camino autoritario que estaría siguiendo El Salvador bajo el gobierno de Bukele. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch han señalado los riesgos para la democracia que implica la reelección indefinida. Paralelamente, se ha informado de la persecución de periodistas y defensores de derechos humanos en el país, lo que ha generado preocupación sobre el estado de las libertades civiles. A pesar de las críticas, Bukele parece tener confianza en el respaldo de la administración Trump, que ha encontrado en su gobierno un aliado estratégico en la región, especialmente tras acuerdos relacionados con la gestión de personas deportadas a El Salvador.
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