El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este lunes su intención de utilizar al ejército para llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes ilegales, medida que busca implementar una vez asuma el cargo el próximo 20 de enero. Trump también tiene previsto declarar una emergencia nacional para atender la crisis migratoria y la inseguridad en la frontera, temas centrales de su exitosa campaña presidencial contra Kamala Harris. Con alrededor de 11 millones de inmigrantes ilegales en el país, el Congreso otorga a los presidentes amplios poderes para declarar emergencias nacionales, lo que permite desbloquear recursos adicionales. Sin embargo, cualquier intento de emplear tropas en servicio activo podría enfrentar obstáculos legales debido a la Ley Posse Comitatus de 1878, que restringe el uso del ejército en la aplicación de políticas internas. En lugar de ello, se contempla el uso de la Guardia Nacional, que ya tiene experiencia en despliegues en zonas de conflicto.
En un movimiento alineado con la futura administración de Trump, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, ha anunciado que continuará con el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México. Desde Nogales, un importante punto de entrada, Hobbs expresó su compromiso de cooperar en la protección de la frontera frente a los cárteles de droga, una crisis que, según ella, requiere «acción inmediata». En los últimos meses, se ha incautado una cantidad considerable de drogas, incluyendo seis millones de pastillas de fentanilo y 700 kilos de heroína y cocaína. Aunque los miembros de la Guardia Nacional no participan directamente en la detención o interrogación de inmigrantes ilegales, desempeñan un papel crucial en la detección de contrabando en los puertos de entrada, reforzando así la seguridad fronteriza del estado de Arizona.
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