El presidente electo de Estados Unidos ha enviado un ultimátum tajante a los responsables de un acto delictivo que ha sacudido a la nación, al advertir que tienen hasta el 20 de enero, día de su investidura, para entregarse a las autoridades. En su pronunciamiento, el futuro mandatario ha subrayado que, de no hacerlo, se enfrentarán a represalias sin precedentes en la historia del país norteamericano. Estas declaraciones han sido interpretadas como una muestra de la firmeza con la que el presidente electo planea manejar asuntos de seguridad y justicia, lo que marca el tono de lo que será su administración.
La contundencia de sus palabras ha captado la atención no solo a nivel nacional, sino también internacional, generando expectativas sobre las posibles medidas que implementará una vez en el cargo. Los analistas observan que este enfoque podría responder a su intención de proyectar una imagen de autoridad y control frente a la situación, enviando un mensaje claro tanto a los delincuentes como a la sociedad de que no habrá tolerancia hacia actos que comprometan la estabilidad y seguridad del país. A medida que se acerca la fecha de su investidura, crece la atención sobre cómo serán manejadas estas promesas y cuál será el impacto en la política interna y exterior de Estados Unidos.
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