El Gobierno ha implementado una medida que reducirá significativamente el tiempo de encarcelamiento para alrededor de medio centenar de presos condenados por delitos de terrorismo. Este controvertido atajo legal, que ha suscitado un acalorado debate tanto en el ámbito político como social, permitirá que sumando todas las reducciones, los reclusos vean disminuidas sus penas en un acumulado de más de 300 años. La decisión ha sido criticada por detractores que argumentan que podría socavar la justicia para las víctimas y enviar un mensaje erróneo sobre el tratamiento de delitos graves relacionados con el terrorismo.
Por otra parte, los defensores de esta medida sostienen que el objetivo es alinear la legislación nacional con estándares internacionales de derechos humanos y rehabilitación, promoviendo así una reintegración más efectiva de los reclusos a la sociedad. Alegan que este ajuste podría mejorar la gestión penitenciaria y eventualmente reducir la sobrepoblación en cárceles. Sin embargo, la decisión ha provocado divisiones entre los partidos políticos y ha generado intensos debates sobre seguridad pública y justicia penal, destacando la complejidad y sensibilidad de abordar políticas de reducción de penas para condenados por terrorismo.
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