En un fallo histórico y con profundas implicaciones para la privacidad de los ciudadanos, un tribunal de distrito federal ha declarado inconstitucionales las búsquedas indirectas en bases de datos de comunicaciones privadas, que involucran a ciudadanos estadounidenses bajo la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA). Esta decisión marca un momento crucial en el caso «United States v. Hasbajrami», después de un prolongado y complejo proceso legal que ha durado más de una década.
El contexto se centra en la práctica de la comunidad de inteligencia y del FBI, que han aprovechado las lagunas legales para acceder a comunicaciones privadas sin una orden judicial. La Sección 702, destinada originalmente a recopilar datos de extranjeros en nombre de la seguridad nacional, ha sido objeto de reautorizaciones sucesivas por parte del Congreso, a pesar de las crecientes evidencias de abusos en su aplicación. Esta sección ha permitido que la comunidad de inteligencia recopilara vastos volúmenes de datos, que incluyen comunicaciones de estadounidenses que son almacenadas en bases de datos accesibles sin supervisión judicial.
La controversia se amplió en torno al caso de Agron Hasbajrami, arrestado en 2011 en el aeropuerto JFK. Su detención y condena, basada parcialmente en correos electrónicos interceptados sin una orden judicial, expusieron las prácticas de vigilancia que la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha denunciado durante años como violaciones a la Cuarta Enmienda.
El tribunal de distrito subrayó que la excepción de «inteligencia extranjera» utilizada por el gobierno no justifica la falta de órdenes judiciales en la revisión de estas comunicaciones. Afirmó que dicha práctica constituye una invasión irrazonable de la privacidad, subrayando que la Cuarta Enmienda no puede ser eludida bajo pretextos de seguridad nacional sin las debidas salvaguardias.
Ahora, la presión recae sobre el Congreso para que actúe antes de la expiración de la Sección 702 en abril de 2026. Se espera que los legisladores implementen reformas significativas que incluyan requerimientos claros de órdenes judiciales para proteger los derechos civiles de los estadounidenses. Este fallo ha reavivado el debate sobre la privacidad y la vigilancia en la era digital, y resalta la necesidad urgente de transparencia y controles más estrictos en las operaciones de vigilancia federal.
