En un resonante caso judicial que subraya la importancia de la libertad de prensa, Jack Poulson, periodista y fundador de la organización sin ánimo de lucro Tech Inquiry, obtuvo una significativa victoria en los tribunales esta semana. El caso giraba en torno a una demanda interpuesta por Maury Blackman, CEO de una destacada empresa tecnológica, quien buscaba censurar la difusión de su arresto por un cargo de violencia doméstica.
Poulson, que había recibido el informe policial sobre el incidente de una fuente confidencial, decidió informar sobre el arresto, cumpliendo con su deber periodístico de cubrir asuntos de interés público. Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por Blackman, quien procedió a demandar no solo a Poulson, sino también a Amazon Web Services, Substack y Tech Inquiry, en un intento por eliminar los artículos relacionados con su arresto de internet. Blackman alegaba que una orden judicial que sellaba su arresto le otorgaba el derecho a controlar la difusión de la información, un argumento que fue rápidamente desacreditado por la corte.
El tribunal desestimó la demanda de Blackman, citando la ley anti-SLAPP de California, que protege contra las demandas que buscan intimidar y silenciar la participación pública. Este tipo de demandas, conocidas como SLAPP por sus siglas en inglés, son vistas como intentos de sofocar la libertad de expresión mediante el desgaste legal y financiero de los demandados.
En su fallo, la corte sostuvo que la Primera Enmienda protege el derecho de los periodistas a reportar sobre información recibida, incluso si proviene de manera ilícita por parte de un tercero. Este principio, derivado del precedente Bartnicki v. Vopper, es crucial para asegurar que los reporteros puedan informar sobre asuntos de interés público sin temor a represalias legales.
El dictamen también rechazó la noción de que los CEOs pueden reescribir la historia mediante ordenanzas que buscan sellar información comprometedora. El tribunal fue claro al establecer que los acontecimientos pasados no se pueden alterar legalmente solo por el hecho de sellar un arresto, y que llamar a un arresto «no ocurrido» no equivale a falsificar lo ocurrido.
Esta decisión marca un fuerte precedente legal en favor de la libertad de prensa y el derecho del público a estar informado. La Electronic Frontier Foundation (EFF), que jugó un papel crucial en la defensa de Poulson, celebró el fallo, subrayando su importancia para la protección de la libre expresión y el derecho del periodismo a vigilar y reportar sobre temas de trascendencia pública.
