Un tribunal federal en Nueva York ha dado un paso significativo en la protección de la privacidad personal al otorgar una orden de suspensión preliminar en un caso contra la Oficina de Administración de Personal de EE. UU. (OPM) por la divulgación de información privada a DOGE y sus agentes. La jueza Denise L. Cote determinó que estas acciones violaron la Ley de Privacidad y que OPM eludió las normas de ciberseguridad dictadas por la Ley de Procedimientos Administrativos.
El tribunal decidirá el alcance de la orden durante esta semana. Los demandantes han solicitado detener el acceso de los agentes de DOGE a los registros de la OPM y eliminar cualquier información ya divulgada. Estas bases de datos contienen información altamente sensible de millones de empleados federales y solicitantes de empleo.
La jueza Cote subrayó que los demandantes demostraron que los registros fueron divulgados sin autorización legal, violando la Ley de Privacidad y comprometiendo la confianza pública.
La Electronic Frontier Foundation (EFF), Lex Lumina LLP y Democracy Defenders Fund, junto con The Chandra Law Firm, presentaron la solicitud en nombre de dos sindicatos y varios trabajadores gubernamentales. Los sindicatos incluyen la American Federation of Government Employees AFL-CIO y la Association of Administrative Law Judges.
La demanda sostiene que OPM, bajo la dirección de Charles Ezell, divulgó ilegalmente registros personales a DOGE, contraviniendo la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de Privacidad de 1974. Se busca detener permanentemente futuras divulgaciones y eliminar datos previamente compartidos.
La OPM, como mayor empleador del país, mantiene una vasta colección de datos personales sensibles, incluidos nombres, números de seguro social, salarios y datos de salud. Estas preocupaciones se intensifican tras violaciones previas como el ataque de 2015, que comprometió la información de 22.1 millones de individuos.
Cortes anteriores ya han encontrado que las actividades de DOGE en otras agencias, como la Administración del Seguro Social, violan la ley. Este fallo en Nueva York podría establecer un precedente crucial para la protección de la privacidad personal en Estados Unidos.
