En un fallo histórico, el tribunal superior del Condado de Sacramento ha puesto fin a un controvertido programa de vigilancia que operaba en la capital californiana mediante el monitoreo de los datos obtenidos de los medidores inteligentes de electricidad de miles de hogares. Durante más de diez años, el Distrito Municipal de Utilidad de Sacramento (SMUD) colaboró con las fuerzas del orden para escudriñar datos de consumo energético sin el respaldo de una sospecha concreta, con el objetivo de identificar cultivos ilegales de cannabis. Esta colaboración ha sido declarada violatoria de una ley estatal de privacidad dedicada a proteger los datos de los consumidores.
El juicio, que abarca profundas implicaciones sobre el derecho a la privacidad y el alcance de la vigilancia estatal, fue impulsado por la Electronic Frontier Foundation (EFF) y co-abogados que representaban a tres demandantes principales: la Red de Liberación Asiático Americana, Khurshid Khoja y Alfonso Nguyen. Denunciaron que el programa perpetuaba prácticas invasivas que no solo criminalizaban a personas inocentes, sino también afectaban de manera desproporcionada a la comunidad asiática.
La corte declaró que la operación en cuestión no correspondía a ninguna investigación ordenada por fuerzas de seguridad. La existencia de un sistema automatizado que generaba solicitudes masivas, indiscriminadamente, para identificar potenciales actividades ilícitas, no cumplía con los protocolos de una investigación legítima. SMUD, al participar en esta actividad, contravino sus obligaciones de confidencialidad establecidas por la leyes de privacidad.
El análisis de los datos de consumo energético ofrece una ventana a la vida privada de las personas, revelando hábitos tan intrusivos como los patrones de sueño o la frecuencia de uso doméstico. Al menos 33,000 informes de «alto consumo» fueron generados y compartidos con las autoridades, delineando una relación de colaboración que superaba el marco convencional entre proveedor de servicios y fuerzas del orden, según destacó el tribunal.
No obstante, el hecho de que la corte haya desestimado una reclamación relacionada con la violación de la cláusula de búsqueda y confiscación de la Constitución de California, ha dejado un sabor agridulce entre los defensores. Subrayan que la problemática subyacente de compartir datos detallados amparados en la falta de sospechas justificadas, continúa sin abordarse plenamente.
El desenlace de este caso ha enviado una señal clara a las empresas de servicios públicos en todo el estado: la protección de la privacidad del consumidor es primordial, y cualquier divulgación de información a las autoridades requiere de argumentos sustancializados por evidencia de sospecha criminal. La Electronic Frontier Foundation, junto a Monty Agarwal, fueron instrumentalistas en presentar este caso innovador, cuyos efectos repercutirán en el ámbito de la privacidad digital por mucho tiempo.
