Durante la última década, organizaciones dedicadas al desarrollo de estándares han intentado sin éxito utilizar la legislación de derechos de autor para controlar el acceso a las normativas legales en Estados Unidos. Estas entidades han afirmado poseer derechos sobre ciertos códigos esenciales que regulan ámbitos como la seguridad de productos, edificaciones y la protección ambiental. Sin embargo, diversos fallos judiciales han rechazado esta pretensión, calificándola de «absurda» y antidemocrática.
Recientemente, un tribunal de distrito determinó que UpCodes, una compañía que ofrece una base de datos de códigos de construcción, puede incluir aquellos estándares que han sido adoptados por referencia en la legislación. ASTM, una organización que intervino en la creación de algunos de estos códigos, había afirmado que mantenía los derechos de autor sobre los mismos, incluso después de su adopción legislativa. Pese a sus argumentos, varios tribunales, incluida la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, han sostenido que los estándares pierden la protección de derechos de autor al ser codificados en ley.
El caso, conocido como ASTM contra UpCodes, ha sido decisivo en reafirmar que facilitar el acceso a la legislación es un uso legítimo y necesario. Los jueces han subrayado la importancia del acceso público a estas normativas, destacando los problemas de notificación y responsabilidad que surgen si la ley no está disponible para todos, y no solo para quienes pueden pagar por ella.
Este tipo de disputas legales han revelado un patrón judicial que aboga por el acceso abierto a las regulaciones en todo el país, desde California hasta Nueva York y Missouri. Las organizaciones de estándares han continuado obteniendo beneficios de su labor, gracias en parte al trabajo voluntario de expertos que crean los estándares sin esperar regalías. No obstante, su insistencia en mantener control sobre las normativas ha sido puesta en entredicho.
En un intento por revertir sus continuos fracasos, estas organizaciones ahora piden al Congreso que enmiende la Constitución para garantizar que mantienen los derechos de autor sobre sus estándares, independientemente de la adopción por parte de reguladores federales. Este planteamiento levanta preocupaciones, puesto que las “salas de lectura” que han establecido para el acceso a estos estándares son, en la práctica, ineficaces. Estas plataformas son difíciles de navegar, no permiten búsquedas adecuadas y son inaccesibles para personas con discapacidades visuales.
El intento de estas organizaciones por restringir el acceso a las leyes plantea la posibilidad de comprometer derechos fundamentales al debido proceso, haciendo que el acceso a la legislación sea limitado. Sin embargo, se confía en que, de ser necesario, el sistema judicial estadounidense mantendrá su disposición a proteger la concepción de que las leyes son hechos públicos y deben ser accesibles para todos.
