Los cuatro fiscales del juicio al procés se oponen a modificar su postura a pesar del apoyo del fiscal general del Estado, García Ortiz, a la amnistía de delitos de los políticos independentistas, incluyendo la malversación. Los fiscales invocan el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal y elevan el asunto a la Junta de Fiscales de Sala. Ortiz, con mayoría en este órgano, probablemente impondrá su criterio. Los fiscales han advertido que no firmarán el decreto de amnistía si se decide aplicarla, dejando la responsabilidad en manos de García Ortiz. Mientras rechazan la amnistía por malversación, consideran viable aplicarla a desobediencia y desórdenes públicos. Ortiz critica la falta de fundamentos de los fiscales del procés, defiende la amnistía total y rechaza que la malversación beneficiara personalmente a los procesados. Además, señala que los argumentos de los fiscales desbordan el ámbito jurídico, comprometiendo la neutralidad del Ministerio Fiscal, y cuestiona su análisis sobre la constitucionalidad y adecuación de la amnistía al marco jurídico europeo. Concluye que la ley de amnistía contribuye a la normalización en Cataluña.
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