El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado la deportación de un grupo de inmigrantes a Sudán del Sur, quienes habían permanecido varias semanas en una base militar en Yibuti. Este grupo, compuesto por ocho hombres de origen latino y asiático, se enfrenta a ser enviados a un país en crisis humanitaria, marcado por violencia y desplazamientos. La decisión fue tomada tras una solicitud presidencial para deportar a indocumentados a terceros países, desestimando una orden previa del juez federal Brian Murphy que prohibía tales deportaciones sin una defensa adecuada de los derechos humanos.
La resolución del Supremo ha desactivado las medidas del juez Murphy, incluyendo una que protegía a estos migrantes. La disidencia vino marcada por la jueza Sonia Sotomayor, quien criticó la disposición del tribunal a favor del Gobierno, argumentando que facilita un abuso de poder que pone en peligro la vida de miles. Mientras tanto, la jueza Elena Kagan apoyó la mayoría, afirmando que un tribunal de distrito no puede mantener en vigor una orden que el Supremo ha suspendido. Esta decisión refleja el complejo equilibrio de poderes en el marco de las políticas migratorias de Estados Unidos.
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