El miércoles, un juez federal de Estados Unidos dio luz verde al Gobierno del expresidente Donald Trump para continuar con un programa que ofrece indemnizaciones a empleados federales que decidan dimitir, en un esfuerzo por reducir el tamaño de la administración pública. El juez George O’Toole levantó la restricción que había impuesto previamente sobre este programa, al considerar que la demanda presentada por los sindicatos carecía de legitimidad y que su tribunal no contaba con la jurisdicción para intervenir. Según reportes de la prensa local, aproximadamente 2,3 millones de empleados son elegibles para acogerse a esta propuesta, de los cuales unos 65,000 ya han aceptado las condiciones. La Oficina de Administración de Personal estableció que las indemnizaciones serían efectivas para aquellos que renunciaran antes del 6 de febrero, excluyendo al personal militar, al servicio postal, y a cuerpos de seguridad de inmigración y seguridad nacional.
La resolución judicial se produjo en un momento en que Trump firmó un decreto con el objetivo de reducir drásticamente la plantilla del sector público. Este decreto también confiere más poder al nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, encabezado por Elon Musk, quien tiene la tarea de implementar recortes en el gasto público. A pesar de las objeciones de los sindicatos que critican la falta de información en la propuesta y cuestionan la disponibilidad de fondos por parte del Congreso, la decisión implica un avance significativo en la implementación de las políticas de Trump para reestructurar el ejecutivo. Con los actuales presupuestos federales programados para expirar en marzo, según la ley extendida anteriormente por Joe Biden, el tiempo se presenta como un factor crucial en la materialización de estos cambios dentro del marco administrativo estadounidense.
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