En medio de un panorama donde cada vez hay más inquietud sobre el uso de redes sociales entre los jóvenes, la enmienda SB 976 de California ha encendido un acalorado debate sobre los derechos constitucionales de los usuarios menores de edad. La legislación, conocida como la Ley para Proteger a Nuestros Jóvenes de la Adicción a las Redes Sociales, entró en vigor en septiembre de 2024 y propone restricciones que limitan el acceso de menores a funciones clave de plataformas sociales, como los sistemas de recomendaciones personalizadas, esenciales para la forma en que interactúan y consumen contenido en línea.
Bajo esta ley, las plataformas están obligadas a obtener el consentimiento de los padres antes de que los menores puedan utilizar estos sistemas. Además, a partir de 2027, se requerirá la implementación de un sistema de verificación de edad que obligue a las plataformas a estimar la edad de sus usuarios. Este sistema podría llevar a que numerosos menores queden sin acceso a contenido organizado por los algoritmos de noticias, lo cual es crucial para su interacción social en línea.
Frente a estas medidas, la Electronic Frontier Foundation (EFF), en asociación con la Freedom to Read Foundation y Library Futures, ha presentado un escrito de amicus curiae en el Noveno Circuito de Apelaciones en el caso NetChoice contra Bonta. Estas organizaciones buscan revertir la decisión del tribunal de distrito que en parte denegó una orden judicial preventiva contra la SB 976. Los defensores de la libertad de expresión argumentan que la ley no solo infringe los derechos de los menores, sino también los de los adultos, al aplicar requisitos de verificación que podrían restringir el acceso a discursos legítimos y poner en riesgo la privacidad de los usuarios.
El tribunal de distrito previamente consideró que los contenidos personalizados por algoritmos no poseen una naturaleza expresiva protegida por la Primera Enmienda. Sin embargo, el EFF desafía esta interpretación, destacando que dichos algoritmos representan decisiones editoriales de las plataformas, influyendo en cómo los usuarios crean e interactúan con el contenido.
Con la esperanza de que el Noveno Circuito reconozca la naturaleza expresiva de los sistemas de recomendaciones personalizadas, el EFF sostiene que las restricciones impuestas por la ley representan una carga sobre los derechos de expresión de todos los usuarios, al complicar la comunicación y el acceso a la información de manera anónima. Este caso forma parte de una lucha más amplia contra legislaciones afines a nivel estatal y federal, que buscan regular el uso de las redes sociales entre los jóvenes, pero que también afectan a la audiencia adulta. Los resultados de esta contienda legal podrían establecer un precedente crucial en la protección de los derechos de expresión en la era digital.
