La segunda presidencia de Donald Trump enfrenta un escenario complejo con un constante choque entre el poder ejecutivo y el judicial. En un reciente fallo, un tribunal federal de apelaciones revocó una decisión que ordenaba al Gobierno de Trump reanudar pagos de ayuda exterior. La orden judicial había sido un obstáculo para Trump, quien había pausado toda ayuda exterior al inicio de su segundo mandato. Su administración busca limitar el poder de la USAID, lo que ha generado tensiones con organizaciones beneficiarias. Dos ONG, afectadas por la congelación de fondos, denunciaron ilegalidad en la medida, pero el tribunal de apelaciones falló en su contra. La decisión destaca cómo la administración de Trump sigue presionando los límites del sistema de frenos y contrapesos.
En el fallo, la jueza Karen Henderson, apoyada por otro juez designado por Trump, aseguró que las ONG no tenían base para su demanda. Sin embargo, la jueza Florence Pan, disintiendo, señaló que el fallo permite al Ejecutivo ignorar la ley y debilitar la separación de poderes. Esta situación refleja una lucha continua y la creciente influencia ejecutiva bajo las órdenes de Trump, demostrando una tendencia hacia una gestión autoritaria que desafía las instituciones tradicionales. La fiscal general, Pam Bondi, defendió el fallo del tribunal, subrayando la protección de la autoridad presidencial frente al poder judicial.
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