Husamettin Dogan, uno de los condenados en un caso de gran resonancia mediática, ha decidido apelar su sentencia tras el fallo en diciembre que lo encontró culpable junto a otras 50 personas. La fiscalía había exigido una pena de 12 años de prisión, alegando su implicación en un acto de «destrucción masiva» contra la víctima. Este recurso judicial se presenta como un intento de reconsiderar las pruebas y testimonios que fueron cruciales para el veredicto inicial.
El tribunal había señalado que la participación coordinada de los acusados representaba un nivel grave de criminalidad, justificando así las duras penas impuestas. Sin embargo, la defensa de Dogan argumenta que el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y que la evidencia presentada no apoya la magnitud de las acusaciones. Este recurso pone en el centro del debate legal la interpretación de los hechos y podría tener implicaciones significativas en los procedimientos judiciales futuros relacionados con este caso.
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