Alberto González Amador, empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha iniciado acciones legales contra figuras destacadas del Gobierno, así como de los partidos PSOE y Más Madrid, reclamando un total de 455.000 euros en compensaciones por daños a su reputación. Entre los demandados se encuentra el presidente Pedro Sánchez, a quien González Amador acusa de haberlo llamado «delincuente» y exige 100.000 euros a menos que se retracte. Esta suma es la más elevada de las demandas, siguiendo con otras reclamaciones significativas a los ministros Óscar López y Félix Bolaños por la suma de 50.000 euros cada uno. González Amador ha tomado esta acción judicial tras la repetición de declaraciones presuntamente difamatorias por parte de diversos dirigentes políticos, incluyendo a María Jesús Montero, Pilar Alegría e Isabel Rodríguez, quienes también enfrentan demandas por cantidades que oscilan entre los 20.000 y 40.000 euros.
La controversia se desarrolla en un contexto donde el Tribunal Supremo ha emitido una auto que niega que González Amador sea un «defraudador confeso», contrariamente a lo que habían publicado diversos medios de comunicación. El auto del juez Ángel Luis Hurtado subraya el daño reputacional sufrido por el empresario tras la filtración de un correo confidencial, y niega categóricamente las acusaciones vertidas contra él. Esta decisión del Supremo aporta peso al caso de González Amador contra los líderes políticos, facilitando potencialmente que estos enfrenten sanciones económicas a favor del demandante. Además, González Amador ha extendido sus querellas hacia miembros de los medios, incluyendo al periodista Xabier Fortes de TVE, en un intento por contrarrestar lo que considera ha sido una difamación generalizada. Mientras el proceso judicial sigue su curso, la resolución del Supremo refuerza la postura del empresario frente a sus acusadores.
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