El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha generado un intenso debate político y económico al anular temporalmente los aranceles del 10% impuestos por la administración de Donald Trump. La medida había sido establecida a través de una Orden Ejecutiva que invocaba la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA), argumentando que las prácticas comerciales extranjeras representaban una amenaza para la seguridad nacional.
El tribunal dictaminó que la IEEPA no confiere al presidente la autoridad para imponer aranceles sin el visto bueno del Congreso, subrayando que cualquier medida de esta magnitud requiere aprobación legislativa. Este fallo, resultado de una demanda impulsada por doce estados y diversas organizaciones, representa un golpe significativo para el legado del expresidente.
Desde la Casa Blanca, la reacción no se hizo esperar. Stephen Miller, asesor principal de Trump, denunció el fallo como un “golpe de Estado judicial”, y criticó la intervención de jueces en decisiones que considera cruciales para la seguridad nacional. La administración ya ha manifestado su intención de apelar.
El impacto en los mercados fue inmediato. Los sectores tecnológico y farmacéutico, altamente dependientes de componentes importados, están sumidos en la incertidumbre. La sentencia también cuestiona otros aranceles específicos, como el de 25% sobre chips extranjeros, afectando las proyecciones económicas a nivel global.
En medio de esta tensión, Elon Musk anunció su decisión de abandonar su posición como ‘Empleado Especial del Gobierno’ en el círculo asesor de Trump. Musk expresó “desacuerdos fundamentales” con las políticas fiscales de Trump, especialmente por sus implicaciones en el déficit y la eficiencia gubernamental. Su salida representa otro golpe para el llamado “gobierno en la sombra” del exmandatario.
Aunque la sentencia es vista como una victoria por los defensores del libre comercio y el respeto a los límites constitucionales, el conflicto dista mucho de estar resuelto. El equipo legal de Trump trabaja en una apelación, mientras las compañías afectadas mantienen su atención en futuras decisiones judiciales y posibles repercusiones políticas. Esta situación subraya el papel indispensable del Congreso en la formulación de políticas comerciales y limita el alcance del poder ejecutivo, especialmente en el ámbito del comercio internacional.
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