El Tribunal de Cuentas ha revisado la gestión de los ERTE implementados durante la pandemia, revelando varias deficiencias en su administración. Durante el periodo comprendido entre marzo de 2020 y marzo de 2022, más de 558.000 empresas se beneficiaron de estos expedientes, protegiendo a 4,15 millones de trabajadores y representando un gasto público en prestaciones y exoneraciones de cotizaciones de 26.242 millones de euros. Aunque se detectaron posibles irregularidades en las prestaciones de casi 11.000 trabajadores, el impacto fue mínimo comparado con el total de beneficiarios. El Tribunal ha instado al SEPE a analizar la correcta distribución de las ayudas y a implantar un sistema informatizado para mejorar la coordinación entre las autoridades involucradas.
La auditoría también destacó controles de la Seguridad Social, señalando incumplimientos en la exoneración de cotizaciones por parte de 278.757 empresas, afectando potencialmente a 1,7 millones de trabajadores. Además, se detectó que algunas empresas habían repartido dividendos, infringiendo las condiciones especiales de los ERTE-Covid, lo que resultó en reclamaciones de 50 millones de euros. La falta de personal en organismos como el SEPE y la contratación de la empresa pública Tragsatec subsidiaron situaciones de duplicidades y gestión inadecuada de los expedientes. A pesar de las irregularidades, un 72% de las empresas que utilizaron ERTE conservaron su actividad, aunque al término de las medidas, solo el 62% de los trabajadores retornó a sus puestos, indicando que la recuperación del empleo es aún un desafío.
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