Un tribunal de apelaciones de San Francisco ha dado un nuevo revés a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), al permitir a la administración de Donald Trump retirar la protección contra la deportación a unas 60.000 personas de Honduras, Nicaragua y Nepal. Este fallo revoca la decisión de una jueza de distrito que había bloqueado la eliminación del TPS, argumentando que los afectados no habían cometido crímenes. La sentencia del Noveno Circuito de Apelaciones impactará principalmente a centroamericanos que han permanecido en Estados Unidos desde desastres naturales a finales de los años 90, con un permiso que les daba cierta estabilidad, pero no la posibilidad de alcanzar la ciudadanía.

La medida también afecta a 7.000 nepalíes que buscaron refugio tras el devastador terremoto de 2015. La administración Trump, con un firme enfoque en endurecer las políticas migratorias, sostiene que las condiciones en los países de origen han mejorado, justificando así el fin del TPS el próximo 8 de septiembre. La decisión ha sido celebrada por funcionarios como Tricia McLaughlin, quien defiende que el TPS ha sido utilizado incorrectamente como un sistema de asilo. Mientras tanto, organizaciones pro inmigrantes, como la Alianza Nacional por el TPS, prosiguen su batalla legal contra lo que consideran una discriminación motivada políticamente. La incertidumbre y el temor se apoderan ahora de miles de familias que han establecido sus vidas en el país.

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