El Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos ha dado un respiro temporal a 600.000 venezolanos al frenar el final del Estatus de Protección Temporal (TPS). La medida interviene en medio de la polémica política migratoria de la administración de Donald Trump, quien busca eliminar este programa como parte de una reforma más amplia del sistema migratorio. El TPS, diseñado para ofrecer protección a inmigrantes de varios países en crisis, ha sido un salvavidas para muchos venezolanos que huyen de la situación económica y política de su país. Esta intervención judicial llega en un contexto de tensión política, marcada por decisiones de la Secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, quien intenta terminar unilateralmente el programa.
El fallo, respaldado por jueces de tendencias progresistas nombrados por administraciones demócratas, mantuvo vigente temporalmente la protección a los venezolanos mientras se resuelve el proceso. El juez federal Edward Chen previamente había otorgado una suspensión cautelar, evitando que se perdieran inmediatamente estos beneficios. A pesar de la incertidumbre, la decisión es clave para miles de personas que enfrentan la cancelación de permisos de trabajo y amenazas de deportación. Esta situación ha provocado preocupación en comunidades migrantes, ya que el fin del TPS podría causar un impacto económico significativo y afectar la salud y seguridad pública en Estados Unidos.
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