El tribunal ha dictaminado que la empresa está obligada a elegir entre readmitir al trabajador despedido, acompañado de los salarios de tramitación correspondientes, o proceder al pago de una indemnización de 39.083 euros. Esta decisión se enmarca en el contexto legal que busca asegurar la protección de los derechos laborales, garantizando que los trabajadores tengan alternativas justas tras ser despedidos de manera improcedente. La sentencia responde a una apelación realizada por la empresa, que buscaba eximirse de la readmisión del empleado o, en su defecto, reducir el monto de la indemnización acordada inicialmente.

Adicionalmente, el tribunal ha impuesto el pago de las costas del recurso a la empresa, subrayando así la intención de evitar litigios innecesarios y fomentar el cumplimiento de las obligaciones laborales establecidas por la ley. Esta resolución judicial sienta un precedente importante en la jurisprudencia laboral, recordando a las empresas la importancia de respetar los derechos de los trabajadores y actuar conforme a la normativa vigente para evitar sanciones adicionales. La comunidad empresarial se mantiene atenta a las implicaciones de este fallo, que refuerza los mecanismos de protección del trabajador en casos de despido injustificado.

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