En un llamado urgente por transparencia, un grupo de 24 organizaciones defensoras de los derechos civiles ha presionado a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) para que revele cuántas comunicaciones de ciudadanos estadounidenses han sido interceptadas y almacenadas bajo la controvertida Sección 702 de la Ley de Enmiendas FISA. Esta disposición, destinada a la vigilancia de extranjeros desde territorio estadounidense, ha estado bajo escrutinio por permitir la recolección de comunicaciones incidentales de ciudadanos estadounidenses, cuyo alcance sigue siendo desconocido para el público.
Entre las organizaciones que firman la petición se encuentran la ACLU, Restore the Fourth y el Brennan Center for Justice. Estas instituciones sostienen que la falta de información clara por parte de la ODNI y la NSA socava la confianza pública. En su reivindicación, acusan a las agencias de no cumplir con promesas anteriores de informar al Congreso sobre el número de estadounidenses afectados, una obligación pospuesta por más de una década.
El reclamo no es nuevo. Durante años, la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha liderado esfuerzos para reformar la Sección 702, alertando sobre las implicaciones para la privacidad de las personas. Aunque se suponía que esta legislación no debía enfocarse en ciudadanos estadounidenses, las comunicaciones internacionales generan, de manera inevitable, la captura incidental de datos de personas inocentes dentro del país. Estas comunicaciones pasan a formar parte de extensas bases de datos gubernamentales, a las cuales agencias como el FBI pueden acceder sin órdenes judiciales.
La reciente renovación de la Sección 702 por parte del Congreso en 2024, sin las reformas solicitadas para proteger la privacidad, ha exacerbado las preocupaciones. El grupo insiste en que se debe asegurar transparencia y entender a fondo el verdadero impacto de la vigilancia permitida por esta legislación.
Mientras se espera una oportunidad para renegociar el alcance de la Sección 702, las organizaciones firmantes buscan con su carta presionar a las autoridades para que brinden datos claros y así fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema. Esta solicitud simboliza una lucha continua por equilibrar la seguridad nacional con los derechos individuales en el ámbito digital.
